Una importante resolución judicial marcó esta semana el devenir del Teatro Centenario. La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó en todas sus partes el recurso de protección presentado por Inversiones Alta Cruz SpA y su representante, Luis Retamal, en contra del abogado y gestor cultural Sebastián Bravo Söhrens, director del emblemático espacio cultural.
El recurso —ingresado a mediados de este año— sostenía que determinadas publicaciones realizadas por Bravo en redes sociales, medios digitales y espacios públicos vulneraban el derecho a la honra, la vida privada y la imagen del recurrente. A juicio de la parte demandante, los contenidos divulgados constituían una «funa» y solicitaban su eliminación inmediata.
Sin embargo, tras analizar los antecedentes, el tribunal desestimó los argumentos de Alta Cruz SpA. En su fallo, la Corte estableció que las publicaciones cuestionadas no constituyeron actos ilegales ni arbitrarios, sino que se enmarcaron en el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a réplica, más aún considerando la existencia previa de declaraciones públicas emitidas por el propio recurrente.
«La información difundida se basó en hechos objetivos, ya judicializados, y fue proporcional a las imputaciones que la antecedieron», indica el fallo, destacando además que la controversia de fondo se encuentra actualmente radicada en procesos civiles y penales, razón por la cual —precisó el tribunal— el recurso de protección no es la vía idónea para resolverla.
A raíz de esta resolución, el Teatro Centenario emitió un comunicado público donde valoró la decisión judicial, señalando que el recurso intentaba frenar aclaraciones públicas «fundadas en evidencia objetiva e indiscutida». Desde la administración del teatro, encabezada por Bravo, recalcaron su compromiso con «la transparencia, el respeto al Estado de Derecho y la defensa responsable y documentada de su labor cultural».
Asimismo, enfatizaron que el proyecto cultural que representan busca avanzar con una visión colectiva y de servicio público: «El Teatro Centenario pertenece a la ciudad y sigue vivo gracias al esfuerzo de cientos de personas que creen en la cultura como motor de transformación», indicaron.
La resolución de la Corte también puso en valor el rol del Teatro Centenario como un actor de relevancia para la vida cultural regional. Según se desprende del fallo, la instancia consideró que la labor informativa del director, lejos de constituir un agravio, respondió a un interés público legítimo, propio de instituciones que manejan espacios de alta convocatoria ciudadana.
La disputa judicial pone en relieve las tensiones que han acompañado el proceso de recuperación del Teatro Centenario, un espacio emblemático de La Serena que en los últimos años ha buscado reactivarse como plataforma de difusión artística y participación cultural abierta a toda la comunidad.
Por ahora, el equipo directivo del Teatro reafirma su voluntad de continuar impulsando su proyecto cultural, «con respeto a los canales institucionales y a los estándares democráticos que la sociedad demanda», concluyeron.
