Un reportaje de Eldesconcierto dejó en evidencia millonarios bonos que han recibido grandes agroexportadores como Empresas Sutil o el grupo Penta a través de la Ley de Riego, normativa que entrega recursos estatales para administrar el agua usada para regadío.

Uno de estos beneficiados con dineros estatales es Andrónico Luksic Craig. El empresario ha recibido este subsidio en una de sus filiales dedicada al mercado de los vinos. En total, el Estado le ha entregado $61.590.903 mediante la ley.

Pero este no es el único vínculo que tiene Luksic con fondos de la Comisión Nacional de Riego, ya que en la provincia de Choapa el nexo entre las grandes empresas y la Ley de Riego es bastante más enredado.

Minera Los Pelambres

Durante 20 años, la provincia del Choapa ha luchado por cuidar el medio ambiente y el agua del pueblo de Caimanes, conflicto que nació a partir de las consecuencias que ha tenido la operación de las faenas mineras en la cordillera.

A cargo del proyecto se encuentra Antofagasta Minerals, quien a su vez es controlada por Antofagasta PLC. A la cabeza figura Jean Paul Luksic, como presidente, mientras su hermano Andrónico ocupa una silla en el directorio.

A diferencia de lo que ocurre con las viñas, como el giro de una minera no tiene que ver con la actividad agrícola, no acuden a los fondos que entrega la Ley de Riego. Sin embargo, existen otras vías en las que, indirectamente, una empresa de este tipo puede participar de los procesos de postulación.

En el Choapa, la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes está a cargo de la distribución de aguas, organización catalogada desde la institucionalidad como una «organización de pequeños usuarios». Esta junta recibió entre 2014 y 2015 cerca de $1.200 millones en subsidios por parte de la Comisión Nacional de Riego para realizar obras civiles, como la reparación de bocatomas y la instalación de modernos sistemas de telemetría.

Entre estos “pequeños usuarios” se encuentran grandes agrícolas con derechos de aguas, como Agrícola Mercedario, del grupo Penta, y otras empresas que no tienen nada que ver con la agricultura. Entre ellas, Minera Los Pelambres.

El vínculo entre la Junta y Minera Los Pelambres es más profundo que solo ser un usuario más. En el actual directorio de la organización se encuentra Rodrigo Lotina, subgerente de asuntos públicos y comunidades de la empresa, quien también la ha representado como gestor de intereses y lobbista frente a distintas autoridades. Incluso, la moderna sede de la Junta, conocida como “La Casa del Regante”, fue parte de una inversión de cerca de $200 millones que realizó la minera tras un episodio de contaminación.

Pero el punto clave que cierra el círculo de la relación entre la junta, Minera Los Pelambres y la Ley 18.450, es que existen convenios entre la minera y la organización con el objetivo de impulsar “programas y proyectos orientados a lograr una mayor eficiencia hídrica”. En específico, se trata de financiamiento para “generar los antecedentes” de los distintos proyectos que luego se postulan a la Ley de Riego, además de un fondo rotatorio pagado por la empresa para entregar recursos que permitan la inversión inicial de las obras, ya que la CNR reembolsa el dinero después de que el proyecto está terminado.

Es decir,  minera Los Pelambres permite a los agricultores acceder a recursos de la empresa para que hagan los estudios y tengan un fondo para poder postular a los bonos de la Ley de Riego. Una vez que logran ser beneficiados por la Comisión Nacional de Riego, utilizan los dineros del fondo para pagar a los contratistas que escogen los agricultores y realizar las obras, mientras se espera el reembolso de la CNR. “El fondo, una vez recuperado, debe ser devuelto a minera Los Pelambres”, explican desde la Junta.