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¿Qué está pasando?: La claves para entender la protesta social colombiana

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¿Qué está pasando?: La claves para entender la protesta social colombiana

Fotografías de Esteban Mendoza en Bogotá, Colombia.

Hace un par de días, específicamente el miércoles 28 de abril, miles de colombianos se volcaron a las calles para protestar en contra de la nueva reforma tributaria que impulsaba el gobierno de Iván Duque. Tal fue la magnitud de la movilización que el Ejecutivo decretó toque de queda y envió a la fuerza militar a las calles para aplacar a los manifestantes. Sin embargo, lejos de mantener a raya a los ciudadanos, estos llamaron a paro laboral y las marchas incrementaron en volumen. 

¿Qué es lo que ha pasado desde ese día? es lo que te contaremos en #EsHoy. 

Reforma de la discordia

La iniciativa de una reforma tributaria, originalmente, pretendía que el Ministerio de Hacienda junto al Congreso redactaran un nuevo texto que permitiera recaudar 23,4 billones de pesos colombianos (US$6.249 millones), lo que equivale a un 2% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Aquello, a través de un incremento del Impuesto al Valor Agregado en productos de consumo básico, servicios públicos y funerarios, y elementos que estaban anteriormente exento de ello. Como también, uno de los puntos más críticos, la idea de cobrar un impuesto a la renta a personas que tuvieran un sueldo mensual mayor a US$663 ($466.089 pesos chilenos aproximadamente).  

A palabras del gobierno, la reforma tributaria permitiría «luchar contra la pobreza, las desigualdades y reactivar la economía del país». Además de paliar los «efectos económicos y sociales derivados del covid-19».

Todo ello, llevó a una molestia generalizada de la población, quien salió a las calles, en su mayoría, pacíficamente a exigir que el gobierno se retractara de la iniciativa, pues consideraban que esto afectaba mayormente a las clases sociales bajas y media del país.

Por el contrario, Duque no echó pie atrás lo que produjo que la tensión se incrementara cuando se registraron ataques contra edificios de gobierno y el sistema de transporte en parte de las ciudades más grandes del país, entre ellas, Bogotá, Medellín y Cali.

Consecuencias tempranas

Tras los días de enfrentamiento entre manifestantes y la policía, en especial con un grupo especializado llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios o Esmad, quienes fueron dispuestos por el Ejecutivo para disuadir las protestas. Organismos nacionales han denunciado violaciones a los Derechos Humanos en algunas de las multitudinarias concentraciones que se han realizado en los municipios. Estas responderían a 1.181 casos de violencia policial, entre el miércoles 28 de abril y el martes 3 de mayo, cifra la ONG Temblores en su sitio Grita, donde detalla que estas corresponden a 142 víctimas de violencia física, 26 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía; 761 detenciones arbitrarias de manifestantes; 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública en protestas pacíficas; 17 víctimas de agresiones oculares; 56 casos de disparos de arma de fuego y 9 víctimas de violencia sexual infrigida por el órgano policial, además de 56 denuncias de desapariciones en el contexto de las movilizaciones.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo, un órgano constitucional y autónomo que está encargado de la  protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los Derechos Humanos, informó que 18 civiles y un policía han fallecido al 3 de mayo. 

Ante estos hechos, el recién pasado domingo, el presidente Iván Duque decidió desistir del proyecto tras, a lo que él sindica, “escuchar a la ciudadanía”. Mientras que al día siguiente, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, renunció al cargo luego de sostener una reunión con el mandatario, expresando en una misiva que “mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”. En su lugar, asumió José Manuel Restrepo, quien se desempeñaba como ministro de Comercio. 

Lejos de mermar los movimientos ciudadanos estos incrementaron en adhesión y violencia, al mismo tiempo que Duque militarizó varios municipios. De hecho, en Cali, una de las ciudades con presencia militar, durante los dos primeros días de protestas se registraron 10 homicidios en el contexto de las manifestaciones, informó Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. 

De igual forma, organizaciones tales como el Comité Nacional del Paro ha convocado a la ciudadanía a “mantener e incrementar” el accionar frente al paro nacional y a la realización de una movilización pacífica para el miércoles 5 de mayo cumpliendo las normas sanitarias. 

Es de esta manera, que los colombianos aún cuando ya ha sido retirada la reforma tributaria, se mantienen en las calles porque exigen, entre otras cosas, una policía distinta pues, “la gente dice estar cansada de que la policía abuse de su autoridad, no solo en protestas, sino en la vida cotidiana”. Igualmente, buscan un país pacífico en relación a la guerrilla con las FARC y  con ello, superar los hechos acontecidos en la guerra, como también, crear las vías para terminar con la desigualdad y la exclusión, comenta Daniel Pardo corresponsal de la BBC en el país cafetero. 

Respuesta internacional

Luego de evidenciar los hechos de violencia policial en las manifestaciones en territorio caleño, Juliette de Rivero, comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, explicó que, si bien la policía local no disparó directamente a miembros de ONU Derechos Humanos mientras investigaban las protestas, sí “otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones”. 

Por lo que, Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, expresó con preocupación sobre los incidentes en Cali que “hemos recibido información y hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil”. Recordando a las autoridades del país sudamericano  “su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

De la misma manera, hizo hincapié en que las policías deben cumplir con “los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones” y advirtió que “las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.

Contexto en cifras 

A nivel latinoamericano, Colombia es la cuarta economía más fuerte del territorio después de Brasil, México y Argentina, en relación a su PIB. Siendo su peor estadística desde 1975, la situación que ha atravesado durante la pandemia (2020), pues esta se contrajo un 6,8% según cifra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

En relación al covid-19, según constata el sitio especializado Our World in Data al martes 3 de mayo, el país acumula 2.91 millones de casos totales y 75.164 fallecidos. 

En cuanto a la vacunación con al menos una dosis, solo han inyectado a 6.8% de su población, en comparación a Chile, quien ha inoculado a 42,4%. 

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